Sheriff SpA ("Sheriff"), RUT (Rol Único Tributario) 77.388.195-2, domicilio en Los Conquistadores 2782, Providencia, Santiago, Chile. Canal de protección de datos y ejercicio de derechos: privacidad@thesheriff.cl. Delegado de Protección de Datos (DPO, por Data Protection Officer): Vicente Cruz Infante (privacidad@thesheriff.cl).
Doble rol: respecto de la información que Sheriff agrega de fuentes de acceso público y de proveedores, Sheriff es Responsable. Respecto de la información que un cliente carga o trata por su instrucción, Sheriff es Encargado y el cliente es el Responsable. El rol se determina por operación de tratamiento, no solo por el origen del dato.
Para una lectura clara de esta Política:
Ley: la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, en su texto vigente, incluidas las modificaciones de la Ley N° 21.719.
Dato personal: información vinculada a una persona natural identificada o identificable. La información de personas jurídicas no es dato personal.
Titular: persona natural a quien conciernen los datos.
Responsable: quien decide los fines y medios del tratamiento.
Encargado: quien trata datos por cuenta e instrucción del Responsable.
Cliente: la empresa o persona que contrata el Servicio de Sheriff y consulta información en él.
Tratamiento: cualquier operación sobre datos personales (recolección, estructuración, uso, comunicación, bloqueo, supresión, entre otras).
Nivel de riesgo o Score: indicador referencial y configurable por el Cliente; no constituye por sí mismo una decisión sobre el Titular.
Elaboración de perfiles: tratamiento automatizado que evalúa aspectos de una persona; la mera sistematización de fuentes de acceso público no es, por sí sola, elaboración de perfiles.
Persona Expuesta Políticamente (PEP): persona natural que desempeña o ha desempeñado funciones públicas relevantes, tratada aquí únicamente por su cargo o función pública de fuente oficial.
Agencia: la Agencia de Protección de Datos Personales.
Plataforma de inteligencia comercial y prevención de riesgos: recopila y estructura información de fuentes de acceso público y de proveedores especializados, como apoyo referencial para la prevención de fraude y delitos económicos, la debida diligencia y la evaluación de riesgo de contrapartes.
Según el módulo: identificatorios y tributarios; societarios; información económica, financiera y comercial del sistema financiero y morosidades; causas judiciales públicas; patrimonio; infracciones laborales y previsionales; condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) listas internacionales; noticias de prensa; y documentos aportados por el Cliente o el Titular. Personas naturales y jurídicas.
La información económica, financiera, comercial, de morosidad, patrimonio, capacidad de pago e historial de cumplimiento no constituye, por su sola naturaleza, un dato sensible: es dato de carácter económico y financiero, sujeto a las bases de licitud estándar. No obstante, el dato sensible de "situación socioeconómica" (art. 2 de la Ley) no se limita a la vulnerabilidad o pobreza ni a los instrumentos de caracterización social (como el Registro Social de Hogares, al que no accedemos): la agregación o combinación de antecedentes económicos y patrimoniales puede permitir inferir la situación socioeconómica de una persona. Cuando ello ocurra, el tratamiento se ampara en el art. 13 a) y el Título III de la Ley (sin consentimiento) respecto de las obligaciones comprendidas en ese régimen, o en la base de licitud que corresponda al tratamiento derivado. No tratamos categorías sensibles como núcleo del servicio, y no tratamos datos de salud, origen étnico o racial, creencias, vida u orientación sexual ni afiliación política o sindical. No incorporamos a personas menores de edad. La condición de PEP se trata solo como función o cargo público de fuente oficial, con fines de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), y no constituye tratamiento de opiniones ni de afiliación política en sentido sensible.
Fuentes de acceso público —Servicio de Impuestos Internos (SII), Tesorería General de la República (TGR), Diario Oficial, Registro de Empresas y Sociedades, Poder Judicial, Boletín Concursal, Dirección del Trabajo, Cámara de Comercio de Santiago, nóminas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y listas internacionales—; proveedores especializados; o documentos aportados por el Cliente o el Titular. Cuando la información proviene de fuentes de acceso público, así se indica.
Interés legítimo (art. 13 d de la Ley) — base principal cuando Sheriff es Responsable: prevención de fraude y delitos económicos, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cumplimiento normativo, debida diligencia y evaluación de riesgo. El Titular puede solicitar información sobre la ponderación realizada (evaluación de interés legítimo o LIA, por Legitimate Interest Assessment) y oponerse al tratamiento, conforme a la sección 13.
Información del sistema financiero y comercial (art. 13 a) + Título III de la Ley + Ley N° 20.575) — para la información económica, financiera, comercial y de morosidades, incluida la que pueda revelar situación socioeconómica dentro de ese régimen.
Tratamiento por cuenta o instrucción del Cliente (arts. 12 y 15 bis de la Ley) — cuando Sheriff es Encargado, trata los datos según las instrucciones del Cliente y al amparo de la base de licitud de éste, quien es responsable de acreditarla.
Gestión de cuentas y seguridad — interés legítimo de Sheriff en administrar el acceso al Servicio, mantener registros de Consultas y prevenir usos indebidos, respecto de las personas que acceden por cuenta de sus Clientes.
Ejercicio o defensa de derechos (art. 13 e de la Ley) — para operaciones vinculadas a un derecho ante tribunales u órganos públicos.
Cuando un tratamiento derivado (indicadores, perfiles) exceda el Título III y pueda inferir situación socioeconómica, se identifica una base de licitud propia (habitualmente el interés legítimo con su ponderación). Si un Cliente configurara la captura de datos sensibles mediante formularios, la base y el consentimiento reforzado (art. 16 de la Ley) corresponden a ese Cliente como Responsable.
La información se pone a disposición de los Clientes de Sheriff, responsables del uso que le den. No comercializamos ni cedemos datos fuera de esa relación. Sin perjuicio de ello, también pueden acceder a los datos: (i) los proveedores de infraestructura tecnológica e inteligencia artificial que los tratan por cuenta de Sheriff, conforme a la sección 11; (ii) los proveedores de información, sólo respecto de los identificadores necesarios para ejecutar cada consulta; y (iii) las autoridades, cuando lo exija la ley o una resolución judicial. En el ejercicio del derecho de acceso, el Titular puede conocer los destinatarios, incluida —según lo pactado con los Clientes— la identidad de la empresa cliente que lo consultó.
Algunos módulos generan un nivel de riesgo o alerta referencial, configurable por el Cliente; no constituye una decisión: la evaluación y la decisión son del Cliente, con intervención humana. En la medida en que ello constituya elaboración de perfiles, ponemos a disposición del Titular información significativa sobre la lógica involucrada y sus consecuencias (sin revelar algoritmos, código fuente ni secreto empresarial), y el Titular tiene derecho a intervención humana, a expresar su punto de vista y a solicitar revisión ante el Cliente que adopte la decisión (art. 8° bis de la Ley).
La existencia de una causa, mención, alerta o coincidencia, no implica culpabilidad; rige la presunción de inocencia y la información debe verificarse con las fuentes primarias. Las coincidencias obtenidas por nombre pueden corresponder a homónimos.
Solo por el tiempo necesario: información del sistema financiero y morosidades, hasta cinco años (Ley N° 20.575), con supresión de las obligaciones prescritas; datos penales, según su temporalidad legal; datos de fuentes de acceso público, sincronizados con la fuente y dados de baja cuando dejan de estar disponibles en ella; información de proveedores y de fuentes abiertas; registros de consultas; datos de las personas que acceden al Servicio por cuenta de los Clientes; documentos aportados, según lo defina el Cliente responsable.
Parte de la información se aloja y procesa en Estados Unidos mediante proveedores de infraestructura e inteligencia artificial. Estas transferencias se realizan al amparo de cláusulas contractuales tipo u otras garantías adecuadas conforme a los artículos 27 y 28 de la Ley, destinadas a asegurar a los Titulares un nivel de protección equivalente al exigido por la legislación chilena, incluidos derechos exigibles y acciones legales efectivas. Mantenemos dichos instrumentos vigentes y acreditables.
Aplicamos medidas técnicas y organizativas, entre ellas: cifrado en reposo y en tránsito, control de accesos por rol, pruebas de seguridad y procedimiento de brechas, autenticación multifactor, registros de acceso y evaluaciones periódicas.
Cuando Sheriff es Responsable: puede ejercer ante Sheriff, en forma gratuita, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición (incluida la oposición al tratamiento basado en interés legítimo) y bloqueo, escribiendo a privacidad@thesheriff.cl. Rigen los plazos legales (30 días corridos, prorrogables una vez por 30; bloqueo dentro de 2 días hábiles — art. 11 de la Ley).
Portabilidad: recae solo sobre los datos que usted aportó tratados por consentimiento o contrato; no aplica a datos de fuentes de acceso público ni inferidos.
Cuando Sheriff es Encargado: el Responsable es el Cliente; usted ejerce sus derechos —incluida la revocación de la autorización— ante dicho Cliente. Si nos contacta, reenviaremos su solicitud y cooperaremos.
En ambos casos, usted puede reclamar ante la Agencia de Protección de Datos Personales.
El deber de información se cumple mediante esta Política de Privacidad pública, permanente, visible y actualizada, que contiene la información exigida por el art. 14 ter (identidad del Responsable, datos y Titulares, finalidades, bases de licitud, destinatarios, plazos de conservación, origen de los datos, derechos, transferencias internacionales y la existencia y lógica del perfilamiento o Score), y mediante el canal permanente de ejercicio de derechos indicado en la sección 1.
Esta Política podrá actualizarse; los cambios sustanciales se comunicarán de forma visible.
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