La ley de insolvencia y reemprendimiento, más conocida como la ley de quiebras (Ley 20.720), ha sido un pilar fundamental para la reestructuración y liquidación de deudas en Chile. A medida que las circunstancias económicas han cambiado, también lo ha hecho la forma en que las personas y empresas recurren a esta ley. Hasta junio de 2024, el uso de esta herramienta legal ha aumentado notablemente, alcanzando el 75,78% del total de casos reportados durante todo el 2023. En esta nota, analizamos en profundidad las cifras y lo que estas implican para el panorama financiero chileno.
El 30 de diciembre de 2023, se realizaron cambios significativos en la ley de insolvencia y reemprendimiento con el objetivo de simplificar y abaratar los procesos de quiebra y reorganización de deudas. Estas modificaciones fueron introducidas para hacer más accesibles los procedimientos tanto para personas naturales como para empresas. Gracias a estas reformas, en los primeros seis meses de 2024 ya se han registrado 3.257 casos de quiebra, una cifra que representa el 75,78% de los 4.298 casos observados durante todo el 2023.
Este aumento refleja no solo la efectividad de los cambios legales, sino también un mayor acceso y comprensión por parte de los deudores sobre cómo aprovechar estos mecanismos para manejar situaciones de insolvencia.
Uno de los procedimientos que ha mostrado un notable crecimiento en su uso es el de renegociación de deudas. Este proceso permite a las personas renegociar sus obligaciones financieras con acreedores bajo nuevas condiciones, evitando así la necesidad de liquidar sus bienes. Los casos de renegociación han experimentado un crecimiento del 100,07%, pasando de 1.465 en junio de 2023 a 2.931 en junio de 2024.
Este incremento es un claro indicio de que las modificaciones a la ley han tenido un impacto positivo, proporcionando a los deudores una alternativa viable para reorganizar sus finanzas sin la carga emocional y económica que puede implicar la liquidación de bienes.
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Aunque la renegociación es una opción preferida para muchos, el proceso de liquidación simplificada sigue siendo crucial para aquellos deudores que no logran llegar a un acuerdo con sus acreedores. Este procedimiento está diseñado para ser rápido y eficiente, permitiendo la venta de bienes y la distribución de los fondos entre los acreedores de manera expedita.
La liquidación simplificada es especialmente útil para micro y pequeñas empresas, que pueden resolver sus deudas en un plazo aproximado de 12 meses. Este proceso ha sido optimizado para reducir costos y tiempo, facilitando a los deudores un cierre ordenado de sus obligaciones financieras.
El aumento en el uso de la ley de quiebras en 2024 es un reflejo de la adaptabilidad y efectividad de las políticas introducidas a finales de 2023. Sin embargo, este crecimiento también resalta la necesidad de un cambio en la percepción pública sobre la quiebra. En Chile, la quiebra aún se asocia con un estigma negativo, cuando en realidad debería ser vista como una oportunidad para reestructurar deudas y obtener un nuevo comienzo financiero.
Promover una mayor educación financiera y desmitificar la quiebra como un proceso negativo son pasos cruciales para asegurar que tanto personas como empresas utilicen esta herramienta de manera efectiva. La quiebra no debe ser vista como un fracaso, sino como una solución estructurada que permite a los deudores reorganizarse y volver a participar activamente en la economía.
A medida que avanzamos en 2024, será interesante observar cómo estas cifras evolucionan y qué medidas adicionales podrían tomarse para seguir optimizando el uso de la ley de insolvencia y reemprendimiento, asegurando así un entorno financiero más justo y dinámico para todos los chilenos.
