La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), denunciando una presunta colusión entre las empresas Indura y Linde en el mercado de gases industriales y medicinales. Este acuerdo, que se habría llevado a cabo entre 2019 y 2021, según la FNE, tenía como objetivo evitar la competencia entre ambas compañías para aumentar los precios y mejorar su rentabilidad.
Según la investigación de la FNE, Indura y Linde habrían llegado a un "acuerdo de caballeros", en el que acordaron no disputarse los clientes entre sí. Este pacto tenía como fin impulsar un plan de alzas de precios para aumentar sus márgenes de ganancia.
El inicio del acuerdo se remonta a noviembre de 2019, cuando los gerentes generales de ambas empresas se reunieron en un café de Avenida Las Condes para discutir estrategias de negocios. La FNE inició su investigación en julio de 2019 y, durante el proceso, se interceptaron comunicaciones y se accedió a registros telefónicos, lo que llevó a un allanamiento a los domicilios de los ejecutivos en enero de 2021. Este allanamiento desbarató el cartel en pleno funcionamiento.
El acuerdo no solo afectó a empresas industriales, sino también a hospitales y centros de salud que dependían de estos gases para el tratamiento de pacientes, especialmente durante el pico de la pandemia de COVID-19. La FNE considera que esta colusión tuvo un impacto significativo en el sistema hospitalario chileno y en la atención médica durante la emergencia sanitaria.
Indura ha negado rotundamente las acusaciones y se ha comprometido a proporcionar todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos. Por otro lado, Linde se acogió al programa de delación compensada, lo que podría eximirlo de responsabilidad penal.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, destacó el éxito de la investigación al desmantelar un cartel en pleno funcionamiento, utilizando todas las herramientas legales disponibles para ello.
Esta denuncia pone de relieve la importancia de la vigilancia y el control de la libre competencia en los mercados, especialmente en momentos de crisis como la pandemia, donde la transparencia y la competencia justa son fundamentales para proteger los intereses de los consumidores y garantizar un funcionamiento equitativo de la economía.
