Finalmente, el Congreso despachó el proyecto de ley de deuda consolidada, que permitirá a los oferentes de créditos conocer mejor la situación financiera de los clientes para evitar el sobreendeudamiento. La iniciativa ahora deberá ser promulgada y publicada en el Diario Oficial para entrar en vigor.
El proyecto que crea un Registro de Deuda Consolidada fue aprobado de forma unánime en la sala del Senado. Este registro permitirá reducir el sobreendeudamiento de las personas y las empresas de menor tamaño, mejorando las condiciones de financiamiento crediticio, fortaleciendo la educación financiera y mejorando la fiscalización.
Los oferentes de créditos estarán obligados a informar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre las obligaciones de sus clientes. También se establecerá un registro de información de las obligaciones crediticias para mejorar la evaluación de las personas, dando cuenta de la situación crediticia y el buen comportamiento de pago.
El proyecto refuerza los derechos de los deudores respecto de su información crediticia, permitiendo al sistema financiero hacer una mejor evaluación de riesgo de quienes soliciten un crédito. Además, acota el tiempo de revisión de datos, impidiendo la consulta de deudas prescritas.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que el sistema actual “genera mercados desintegrados, reduciendo la competencia en el otorgamiento de créditos e inhibiendo la oferta de menores tasas. Además, empeora las condiciones de financiamiento de los buenos pagadores porque los oferentes de crédito no tienen información suficiente para distinguirlos de los malos pagadores, fomenta el sobreendeudamiento y debilita la supervisión financiera”.
Con esta ley, Chile se posiciona a la vanguardia de los mercados desarrollados, promoviendo una mayor competencia y transparencia en el sector financiero. La nueva legislación dotará al mercado financiero de herramientas para ofrecer productos crediticios sin asimetrías de información, beneficiando a todos los usuarios con mejores condiciones gracias a la mayor competencia.
Por unanimidad, la sala del Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que crea un Registro de Deuda Consolidada (Redec) público y gratuito, administrado por la CMF. Este registro contribuirá a combatir los problemas derivados de la parcialidad de la información crediticia, aumentar la competencia, mejorar el acceso y las condiciones de financiamiento, reducir el sobreendeudamiento, fortalecer la educación financiera, mejorar la fiscalización y propiciar el diseño de políticas públicas oportunas.
La iniciativa va ahora a la Contraloría para su posterior promulgación y publicación. Comenzará a regir el primer día del vigesimoprimer mes siguiente a su publicación, aunque la CMF debe instalar y empezar a poblar el registro con anterioridad.
La nueva ley establece que estarán obligadas a reportar a la CMF los créditos vigentes otorgados a personas naturales y jurídicas no solo los bancos, sino también cooperativas de ahorro y crédito con más de UF 400.000 de patrimonio, agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables, cajas de compensación de asignación familiar, emisores de tarjetas de crédito fiscalizadas, sociedades securitizadoras, entidades de asesoría crediticia reguladas por la Ley Fintec y cualquier otra entidad fiscalizada por la CMF.
La persona es la dueña de sus datos y se le garantiza el derecho de protección, bajo fiscalización de la CMF, consagrando sus derechos de actualización, rectificación y cancelación de la información, junto con definir severas sanciones al acceso o uso negligente o malicioso de la información del Redec. Los reportantes deberán contar con el consentimiento previo, expreso e inequívoco del deudor para acceder a la información, con la finalidad de evaluar su riesgo comercial o crediticio para una operación específica y por un plazo limitado.
La aprobación de la ley de deuda consolidada representa un avance significativo para el mercado financiero chileno, equilibrando la necesidad de información con la protección de datos personales. Este registro permitirá a los oferentes de crédito realizar evaluaciones más precisas, reduciendo el riesgo de sobreendeudamiento y mejorando las condiciones de financiamiento para los buenos pagadores.
