June 30, 2025
La calificación crediticia es una herramienta esencial en el mundo financiero que permite evaluar el riesgo asociado a conceder crédito a una persona o empresa.
Este puntaje se calcula en base a una serie de factores que reflejan la historia crediticia, el comportamiento de pago, y otros aspectos financieros y judiciales del solicitante. Una calificación alta indica un bajo riesgo para el prestamista, mientras que un puntaje bajo sugiere un mayor riesgo.
En términos simples: la calificación crediticia convierte el historial de una empresa en un número comparable. No predice el futuro, resume lo que ya ocurrió. Su utilidad está en permitir ordenar una cartera de clientes por riesgo sin revisar cada expediente a mano.
En el dinámico entorno comercial de hoy, conocer la calificación crediticia de las personas y empresas con las que interactúas se ha convertido en una herramienta indispensable. Ya sea para evaluar la solvencia de un nuevo cliente, monitorear la estabilidad financiera de proveedores clave, o incluso para asegurarte de que estás haciendo negocios con socios confiables, la calificación crediticia ofrece una perspectiva invaluable.
Esta información no solo te ayuda a mitigar riesgos y prevenir posibles pérdidas económicas, sino que también te permite establecer relaciones comerciales más sólidas y duraderas.
Antes de ver cómo la calcula un proveedor en particular, conviene saber qué entra en el cálculo. Estos son los seis bloques que cualquier modelo de calificación comercial pondera en Chile, y dónde se verifica cada uno.
| Factor | Qué mide | Qué lo deteriora | Dónde verificarlo en Chile |
|---|---|---|---|
| Comportamiento de pago | Si ha pagado a tiempo en el pasado | Protestos, morosidades, deuda castigada | Boletín Comercial de la Cámara de Comercio |
| Nivel de endeudamiento | Cuánta deuda carga frente a su capacidad | Deuda vigente alta o creciente | Registro de Deuda Consolidada de la CMF |
| Riesgo judicial | Si hay acreedores que ya fueron a tribunales | Causas de cobranza, demandas ejecutivas | Poder Judicial, consulta de causas |
| Cumplimiento laboral y previsional | Si paga cotizaciones y cumple la norma laboral | Mora previsional, multas de la Dirección del Trabajo | Dirección del Trabajo, F30 y F30-1 |
| Cumplimiento tributario | Si está al día con el fisco | Deuda con Tesorería, convenios de pago vigentes | Tesorería General de la República |
| Situación concursal | Si hay un procedimiento de insolvencia abierto | Reorganización o liquidación publicada | Boletín Concursal de la Superir |
El tratamiento de datos de obligaciones económicas está regulado. La Ley 19.628 sobre protección de la vida privada fija el marco general, y la Ley 20.575 incorporó el principio de finalidad: la información de deudas comerciales solo puede usarse para evaluar riesgo comercial y crediticio.
En la práctica esto significa que una calificación crediticia sirve para decidir si le vendes a crédito a una empresa o con qué condiciones, pero no para un proceso de selección de personal ni para fines ajenos a la evaluación de riesgo comercial.
En Sheriff, hemos desarrollado un método integral para calcular la calificación crediticia tanto de individuos como de entidades jurídicas. Este sistema se basa en la ponderación de cuatro aspectos clave, denominados "Ayudantes", que son:
Finanzas
Judicial
Cobranza Laboral
Boletín
Cada uno de estos Ayudantes contribuye con un 100% a la calificación total, haciendo que un perfil ideal alcance un 400%. Sin embargo, se deducen puntos por cada riesgo identificado en estos ámbitos.
1. Finanzas: Se considera la información del sistema financiero: todas las deudas, tanto vigentes como morosas, vencidas o castigadas. Por ejemplo, si una empresa tiene $2.000.000 en deuda vigente y $500.000 en mora, este Ayudante disminuirá la calificación en proporción al peso de la deuda problemática.
2. Judicial: Este indicador evalúa la existencia de causas judiciales vigentes o archivadas. Una empresa con varias demandas podría ver reducida su calificación significativamente, reflejando el riesgo legal que representa.
3. Cobranza Laboral: Examina casos de mora previsional y multas laborales pendientes. Un perfil con numerosos casos de mora previsional verá afectada negativamente su calificación.
4. Boletín: Considera registros negativos en boletines comerciales o de crédito. Una alta cantidad de registros negativos señala un historial crediticio problemático, reduciendo la calificación.
Un proceso de insolvencia impacta drásticamente la calificación. Al detectarse, por ejemplo, una demanda de liquidación, el sistema puede descontar hasta un 400% de la calificación, dependiendo del número de Ayudantes afectados, marcando el perfil como de alto riesgo hasta que se resuelva el proceso.
El cálculo de la calificación crediticia se actualiza con diferentes frecuencias para cada Ayudante:
Judicial: Diariamente, según la nueva información disponible.
Cobranza Laboral: Semanalmente, ajustándose a las nuevas moras o multas.
Boletín: Quincenalmente, reflejando cambios en los registros de crédito.
Imaginemos a dos personas, Ana y Pedro. Ana tiene una deuda vigente moderada, sin registros de deuda crediticia y sin causas judiciales, lo que le otorga una calificación de 350%. Pedro, en cambio, tiene varias deudas morosas, registros de deuda crediticia y una demanda judicial reciente, resultando en una calificación de 200%. Claramente, los signos de alerta asociados a Pedro son mayores, lo cual se refleja en su calificación crediticia más baja.
Una calificación alta no significa aprobar sin condiciones, y una baja no obliga a rechazar. Lo que cambia son las condiciones.
Una calificación resume lo que quedó registrado en fuentes públicas y comerciales. No mide la calidad de la gestión, la dependencia de un solo cliente, la concentración de proveedores ni el riesgo reputacional. Y por definición es historia: refleja lo que la empresa hizo, no lo que hará.
Por eso conviene usarlo junto con el informe completo y no en reemplazo de él, especialmente cuando la exposición es alta.
Las fuentes que alimentan una calificación crediticia están dispersas: el Boletín Comercial, el Poder Judicial, la Tesorería, la Dirección del Trabajo, el Boletín Concursal y el Registro de Deuda Consolidada. Consultarlas una por una toma horas y queda desactualizado al día siguiente.
Sheriff consolida los datos por RUT en una sola consulta, calcula la calificación sobre esas fuentes y las monitorea en el tiempo: te avisa cuando la situación de un cliente cambia después de haberlo aprobado, que es justo cuando la información sirve.
No existe un número universal: depende de la escala que use cada proveedor y del nivel de riesgo que tu empresa esté dispuesta a asumir. Lo relevante no es el número absoluto sino qué lo compone y cómo cambia en el tiempo.
No. Las fuentes que lo alimentan sí son consultables (Boletín Comercial, Poder Judicial, Tesorería, Dirección del Trabajo, Boletín Concursal) pero el puntaje es un cálculo propio de cada proveedor de información comercial.
No. La Ley 20.575 establece el principio de finalidad: los datos de obligaciones económicas solo pueden usarse para evaluar riesgo comercial y crediticio. Usarlos para procesos de selección de personal está fuera de esa finalidad.
El informe comercial es el conjunto de antecedentes; la calificación es la síntesis de esos antecedentes en un número comparable. El informe explica, la calificación ordena. Para decidir sobre un cliente conviene mirar los dos.
Depende de la fuente que se actualice: las causas judiciales se publican a diario, la mora previsional y las multas laborales con menor frecuencia, y los registros comerciales según el ciclo de cada boletín. Una calificación de hace tres meses puede estar desactualizada.
No necesariamente. Significa que las condiciones deberían cambiar: menor cupo, plazo más corto, pago anticipado o garantía. Una calificación es un insumo para negociar condiciones, no solo para aprobar o rechazar.
No mide la calidad de la gestión, la cartera de clientes, la dependencia de un solo comprador ni los riesgos reputacionales. Mide lo que quedó registrado en fuentes públicas y comerciales, que es historia, no futuro.
Con la misma lógica, sobre su historial de obligaciones económicas. En Chile ese tratamiento está regulado por la Ley 19.628 y por la Ley 20.575, que limitan para qué puede usarse la información.
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