La insolvencia transfronteriza ocurre cuando una empresa o persona natural que ha caído en crisis económica (ya sea en un proceso de reorganización o liquidación) tiene activos, pasivos o acreedores distribuidos en más de un país.
En un mundo globalizado, donde una empresa con base en Santiago puede tener cuentas bancarias en Miami, propiedades en Perú y deudas con bancos europeos, la quiebra deja de ser un problema local y requiere una coordinación legal internacional. El objetivo es manejar la crisis de manera coordinada y garantizar un trato equitativo para todos los acreedores, sin importar dónde se encuentren.
Históricamente, los casos internacionales se resolvían de forma descoordinada, país por país. Para poner orden, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) creó una Ley Modelo (UNCITRAL Model Law).
Chile es uno de los países que ha adoptado esta ley modelo, la cual establece un marco legal para la cooperación y el reconocimiento entre tribunales de diferentes naciones. Este modelo busca reemplazar la "carrera de acreedores" (donde el más rápido embarga los bienes) por una solución ordenada y justa.
La insolvencia transfronteriza ofrece soluciones prácticas a escenarios complejos:
Si una empresa chilena en liquidación tiene fábricas y cuentas bancarias en Brasil y Argentina, la ley permite que el representante (llamado veedor o liquidador en Chile) pueda ejercer acciones legales y tomar control de esos activos en el extranjero, gracias al reconocimiento de su autoridad por los tribunales foráneos.
Busca prevenir que un deudor en crisis mueva estratégicamente sus activos a otro país (un "paraíso" o una jurisdicción no cooperante) para evadir el cobro por parte de sus acreedores. La ley modelo obliga a la cooperación para recuperar esos bienes.
Permite que el fallo de un tribunal extranjero (por ejemplo, el de EE. UU. que decreta la quiebra) tenga efectos legales automáticos o simplificados en Chile, como la suspensión de las demandas individuales de cobro que se estén llevando a cabo en tribunales chilenos.
En Chile, el marco legal se encuentra en la Ley N° 20.720 (Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas).
Específicamente, el Título V de esta ley es el que integra la Ley Modelo de la CNUDMI al ordenamiento jurídico nacional.
Este Título V regula dos conceptos clave:
Aplica en dos grandes escenarios:
Cuando un liquidador de una empresa deudora extranjera necesita congelar o gestionar los activos en Chile, debe seguir un proceso formal ante los tribunales chilenos:
El representante extranjero debe presentar una solicitud ante el Tribunal Civil chileno, adjuntando:
El tribunal chileno revisa los antecedentes. Si son suficientes, emite una resolución que reconoce el procedimiento extranjero. Este proceso busca ser rápido y expedito, siguiendo las reglas de cooperación internacional.
Una vez reconocido un procedimiento principal extranjero, los efectos más importantes son:
El Tribunal chileno solo puede rechazar el reconocimiento del proceso extranjero si este es manifiestamente contrario al orden público chileno. Esta es una barrera alta, ya que el objetivo es cooperar. El "orden público" se reserva para situaciones extremas, como violaciones graves a los derechos fundamentales o a la soberanía nacional.
A pesar de existir un marco legal, la aplicación de la insolvencia transfronteriza siempre enfrenta obstáculos prácticos:
Las leyes, los plazos procesales y las culturas judiciales varían enormemente entre países. Lograr que un tribunal chileno y uno colombiano trabajen en perfecta sincronía para recuperar activos es logísticamente complejo.
Aunque la CNUDMI unificó el marco, siguen existiendo diferencias importantes en cómo se tratan ciertas deudas o la clasificación de acreedores (por ejemplo, los acreedores laborales versus los garantizados).
Existe una tensión constante entre el deseo del tribunal chileno de proteger a los acreedores locales y la obligación de buscar una distribución equitativa a nivel global. Los acreedores chilenos suelen presionar para que los activos en el país se usen para pagarles a ellos primero.
El deudor puede intentar aprovechar las lagunas entre legislaciones para ocultar o transferir bienes antes de que se formalice el reconocimiento, lo que requiere herramientas de risk intelligence muy avanzadas.
Para cualquier proceso de insolvencia (sea local o transfronterizo), la transparencia total sobre las deudas y litigios es vital.
Si eres un acreedor extranjero, un tribunal auxiliar o un representante chileno, necesitas saber con exactitud el historial de morosidad y las demandas que pesan sobre el deudor en Chile.
Plataformas de risk intelligence como Sheriff son esenciales en este contexto, ya que permiten:
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