El proyecto que crea un registro de beneficiarios finales, ingresado al Congreso a fines de 2023, está incluido en el “fast track” legislativo anunciado por Hacienda para apurar 21 iniciativas del pacto fiscal. Esta medida busca combatir la corrupción, el crimen organizado, y la evasión y elusión tributaria. La normativa obligará a todas las sociedades a clarificar sus propietarios finales en Chile o en el extranjero.
El registro de beneficiarios finales es un nuevo intento del gobierno para identificar a la persona natural que es el dueño final de las empresas que operan en Chile. Ingresado en diciembre de 2023, este proyecto forma parte del paquete de iniciativas del pacto fiscal que Hacienda ha priorizado recientemente.
El propósito de este registro es conocer quiénes están detrás de las empresas y otras entidades para varios fines, como:
- Combatir la corrupción y el crimen organizado
- Prevenir el lavado de activos
- Reducir la evasión y elusión tributaria
Aunque el espíritu del proyecto se mantiene, el gobierno ha realizado ajustes significativos para mejorar su efectividad:
- Clarificación del concepto de beneficiario final: Una persona natural, chilena o extranjera, que posea directa o indirectamente una participación igual o mayor al 10% del capital.
- Fortalecimiento de la supervisión externa: Creación de un Consejo Consultivo con representantes del Estado, como el presidente del Banco Central y el fiscal nacional del Ministerio Público.
- Incremento y modificación de multas: Las sanciones pueden ascender hasta 1.500 UTA (aproximadamente $1.777 millones).
Las personas naturales con domicilio o residencia en Chile deberán declarar si son constituyentes, administradores o beneficiarios de un trust, fideicomiso, fundación de interés privado u otra estructura fiduciaria. Además, las asociaciones sin fines de lucro deberán informar solo si contratan con el Estado o reciben transferencias.
La información contenida en el registro será pública para entidades que reciban transferencias o contraten con el Estado, y podrá ser consultada en un portal especial habilitado por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Sin embargo, la información sensible, como el lugar de residencia del beneficiario final, no será publicada.
En el caso de empresas que no interactúen con dineros públicos, la información estará disponible solo para organismos reguladores y fiscalizadores del Estado.
La creación de un registro de beneficiarios finales representa un paso importante para elevar el estándar de transparencia en Chile. Alineado con las normas internacionales establecidas por el GAFI y la OCDE, este proyecto busca combatir la corrupción, el crimen organizado y mejorar la eficiencia en la prevención del lavado de activos y la evasión tributaria. Con estos ajustes, el gobierno espera fortalecer la supervisión y la claridad en la propiedad de las empresas que operan en Chile. 🏛️💪
