Marcelo Torres Bruce, exgerente general de Indura, se enfrenta a la posibilidad de recibir una condena que va desde los 3 años y un día hasta los 10 años de presidio, según lo establecido por la Ley N° 21.398 en casos de colusión. Esta ley modificó la Ley de Protección al Consumidor N° 19.496, estableciendo requisitos más rigurosos para la evaluación de la solvencia económica de los consumidores antes de entregar créditos.
Este caso surge tras la presentación de un requerimiento por colusión por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra Indura y Linde, empresas relacionadas con el mercado de gases medicinales e industriales.
Marcelo Torres Bruce fue apartado de su cargo como gerente general de Indura en diciembre de 2023, siendo reemplazado por Claudia Sánchez. Este cambio ocurrió poco antes de que la FNE presentara su requerimiento por colusión contra la compañía ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El caso ha generado gran atención en el mercado chileno, ya que no solo involucra a empresas como Indura y Linde, sino que también afecta a hospitales públicos y empresas mineras, como Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals.
La acusación presentada por la FNE establece que Torres podría enfrentar una multa de $109 millones y que la ley contempla la posibilidad de aplicar penas de cárcel en estos casos. La pena podría ir desde los 3 años y un día hasta los 10 años de presidio, además de una inhabilitación temporal para ejercer ciertos cargos directivos.
A diferencia de Torres, otros ejecutivos de Indura, como Sergio Novolli y Davis Lori, están exentos de responsabilidad debido a que la empresa se acogió al beneficio de la delación compensada.
Ante la exposición mediática del caso, Torres ha optado por eliminar todo el contenido de su perfil de LinkedIn y ha buscado asesoramiento legal.
Si la Ley N°21.595 de Delitos Económicos hubiese estado vigente durante el período en que se desarrolló esta colusión, es probable que se hubieran detectado y sancionado estas prácticas mucho antes, dado el énfasis en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus principales ejecutivos/socios.
Gracias a esta nueva ley, el sector privado tiene mayores incentivos a evitar las malas prácticas, las cuales pueden concluir en sanciones más severas. A esto último se le incorpora la ampliación de los delitos imputables. La efectividad de estas medidas dependerá en última instancia de una implementación adecuada, una supervisión rigurosa por parte de las autoridades competentes y un lineamiento en el sector privado para poder castigar estas malas prácticas.
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