Recientemente, se destapó un caso de fraude millonario en ICB, la empresa matriz de la marca de alimentos Marco Polo. Con un desfalco de más de $165 millones de pesos, el escándalo apunta a un exejecutivo del área de Crédito y Cobranza, quien habría aprovechado su posición para manipular cuentas y apropiarse indebidamente de fondos de la empresa. Este caso no solo pone en jaque la imagen de una de las empresas más conocidas en Chile, sino que también abre una conversación sobre la responsabilidad empresarial y la necesidad de controles internos sólidos.
Según la querella presentada por ICB el pasado 15 de octubre, el exejecutivo estaba a cargo de gestionar cuentas por cobrar, un puesto que aparentemente le permitió ocultar movimientos financieros ilícitos. La estrategia que utilizó consistía en eliminar pequeños saldos pendientes en las cuentas de clientes, una práctica que justificaba como una “limpieza de cuentas”, pero que en realidad escondía la apropiación de fondos.
El fraude fue detectado por un colega que notó irregularidades en las cuentas, lo que llevó a una investigación interna. Una vez destapado el esquema, el exejecutivo renunció a su cargo en enero de 2024. En la denuncia, ICB acusa que el empleado había cobrado en efectivo cheques de clientes destinados a la empresa, quedándose con esos fondos. Este método le permitió reunir una suma considerable a lo largo del tiempo sin levantar sospechas inmediatas.
La noticia ha sacudido no solo a ICB, sino también a la marca Marco Polo, ampliamente reconocida en el mercado de alimentos chileno. Este tipo de escándalos genera preocupación entre consumidores, socios comerciales e inversionistas, quienes ven en este caso una señal de fallas graves en los controles internos de la compañía. En la era digital y de la transparencia, un fraude de estas dimensiones puede tener repercusiones importantes en la confianza del público y en la posición de la marca.
En medio de este escándalo, la nueva Ley de Delitos Económicos, que entró en vigor en septiembre de 2024, se vuelve más relevante que nunca. Esta normativa redefine las responsabilidades legales de las empresas, ampliando el catálogo de delitos económicos por los cuales pueden ser investigadas y sancionadas. Con más de 200 tipos de delitos contemplados, entre ellos el fraude, esta ley busca no solo castigar, sino también prevenir y exigir a las empresas que establezcan medidas de compliance efectivas.
La ley exige a las empresas adoptar modelos de prevención que incluyan auditorías, capacitaciones y políticas claras de ética y transparencia. En el caso de ICB, la ley podría implicar que la empresa sea investigada para determinar si cumplía con los controles necesarios para evitar este tipo de delitos.
Para muchas empresas en Chile, esta ley representa un desafío, ya que implica destinar recursos a la implementación de sistemas de control que antes no eran obligatorios. Sin embargo, en un contexto donde los casos de fraude parecen en aumento, la Ley de Delitos Económicos se presenta como una herramienta esencial para proteger a las empresas y al mercado en general.
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