En Chile, los delitos financieros o delitos económicos son conductas ilícitas que afectan el patrimonio de una o más personas, el sistema financiero o el mercado en general. Estos delitos son conocidos también como "delitos de cuello y corbata", ya que suelen ser cometidos por personas que ocupan cargos de responsabilidad empresarial o pública, y pueden incluir desde simples fraudes hasta complejos ilícitos como el lavado de dinero, la evasión tributaria y la malversación de fondos.
1. Fraude financiero: Manipulación indebida de información financiera para obtener beneficios ilegales, afectando a individuos o empresas.
2. Lavado de dinero: La ocultación o disimulación de activos obtenidos de actividades ilícitas mediante transacciones financieras.
3. Malversación de fondos públicos: El uso indebido de recursos públicos para fines personales o no autorizados.
4. Delitos tributarios: Evasión o elusión fiscal mediante la manipulación de declaraciones o el ocultamiento de ingresos.
5. Falsificación de documentos: Alteración o fabricación de documentos con el fin de engañar a las autoridades o beneficiar a alguien de manera ilegal.
El impacto de estos delitos es significativo tanto para las empresas como para el bienestar social de los ciudadanos, por lo que es crucial comprender cómo se abordan desde el marco legal
La Ley N° 21.595, promulgada en agosto de 2023, constituye un avance importante en la lucha contra los delitos económicos en Chile, estableciendo un nuevo marco para sancionar las conductas ilícitas que afectan a las empresas, el sistema financiero y el orden económico en general. La ley abarca delitos económicos y delitos contra el medio ambiente, integrándolos en una categoría más amplia y aumentando las sanciones para prevenir su ocurrencia. Esta ley modifica y amplía diversos cuerpos legales, entre ellos el Código Penal y la Ley N° 20.393 (Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas).
La nueva ley amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que significa que no solo los individuos, sino también las empresas y entidades pueden ser penalmente responsables por delitos económicos. Si una empresa se ve involucrada en prácticas ilegales o permite que sus empleados cometan delitos en su beneficio, puede enfrentar multas severas y otras sanciones, como la inhabilitación para contratar con el Estado.
Además, las empresas deberán implementar Modelos de Prevención de Delitos (MPD) efectivos y adecuados para reducir el riesgo de comisión de delitos en su entorno. Estos modelos de prevención son ahora un requisito indispensable para que las empresas puedan eximirse de responsabilidad penal.
Aunque el tema de los delitos financieros en Chile es amplio, algunos de los casos más conocidos incluyen la evasión tributaria en grandes empresas y el fraude contable que ha afectado a múltiples sectores. Estos delitos no solo dañan la reputación de las empresas involucradas, sino que también provocan un perjuicio económico a nivel nacional.
El fraude contable ocurre cuando una empresa altera sus estados financieros para ocultar pérdidas, inflar activos o crear una imagen falsa de su situación económica. Este tipo de delito es frecuente en empresas que buscan obtener beneficios financieros ilícitos o evadir impuestos.
La evasión tributaria ocurre cuando una empresa omite declarar o declara de manera incorrecta sus ingresos con el objetivo de pagar menos impuestos de los que le corresponden. Este tipo de delito es perseguido por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que se encarga de investigar y sancionar las infracciones fiscales.
Una de las mejores formas de prevenir los delitos financieros es implementar políticas de compliance o cumplimiento normativo. Estas políticas ayudan a las empresas a asegurarse de que sus operaciones se realicen de acuerdo con las leyes vigentes y que se tomen medidas para evitar conductas ilícitas.
Las empresas deben contar con canales seguros de denuncia, capacitaciones periódicas para su personal y auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las normativas. La implementación de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) es clave para cumplir con la Ley N° 20.393, que establece las directrices para la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El balance de 8 columnas es una herramienta contable fundamental para detectar irregularidades financieras y prevenir delitos económicos dentro de una empresa. Esta herramienta permite realizar un análisis detallado de las cuentas y el flujo de dinero dentro de la organización, ayudando a identificar posibles fraudes contables, malversación de fondos o evasión fiscal.
Al integrar un balance de 8 columnas en la gestión financiera de la empresa, es posible detectar anomalías o irregularidades que podrían indicar la existencia de delitos económicos. Esta herramienta es clave para las auditorías internas y la transparencia financiera, que son esenciales para cumplir con las exigencias de la Ley de Delitos Económicos.
Para verificar si una empresa está involucrada en delitos financieros, es importante realizar una consulta jurídica y revisar si la empresa tiene demandas judiciales en curso. Los registros públicos y las bases de datos legales pueden ser consultados para conocer el estado legal de una empresa y sus posibles involucramientos en casos de fraude, evasión tributaria o malversación de fondos.
Una herramienta útil es el Boletín Concursal, gestionado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), donde se pueden consultar los procesos concursales y las acciones legales en curso contra una empresa.
Las empresas pueden beneficiarse del uso de tecnologías avanzadas para prevenir delitos financieros. Algunas de las herramientas más efectivas incluyen:
1. Sistemas de auditoría automatizados: Herramientas que permiten monitorear en tiempo real las transacciones financieras y detectar irregularidades.
2. Software de análisis de datos: Utilizado para analizar grandes volúmenes de datos financieros y detectar patrones de comportamiento sospechoso que podrían indicar fraudes o evasión fiscal.
3. Sistemas de compliance y gestión de riesgos: Plataformas que ayudan a las empresas a implementar políticas de prevención de delitos y asegurar el cumplimiento normativo.
La Ley N° 21.595, promulgada en agosto de 2023, marca un hito en el derecho penal económico en Chile. Esta ley tiene como objetivo ampliar las responsabilidades penales de las personas jurídicas y fortalecer las sanciones para los delitos financieros. Es crucial para las empresas adaptarse a esta normativa y asegurar el cumplimiento de las políticas de prevención de delitos.
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