En una acción sin precedentes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha sacudido el panorama bancario chileno, imponiendo multas a cuatro destacadas entidades financieras: Banco del Estado de Chile, Santander, Consorcio y Ripley 💰🏛️
¿El motivo? 🧐😱 Otorgar créditos sin realizar las retenciones obligatorias a individuos registrados como deudores de pensiones alimenticias, dejando de lado así una ley crucial destinada a proteger los derechos de los acreedores alimentarios.
Las multas acumuladas ascienden a un total de UF 5.778,22, equivalente a más de $212 millones, por incumplimientos cometidos durante el 2023. Esta sanción no solo resalta la necesidad de una mayor diligencia por parte de las instituciones financieras, sino que también pone de manifiesto la importancia de las responsabilidades sociales y legales en el manejo de créditos.
La ley en cuestión estipula que, antes de otorgar un crédito, las instituciones financieras deben consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNPDA), reteniendo una parte del crédito si el solicitante figura como deudor de alimentos. Esta medida busca asegurar el pago de las pensiones adeudadas, protegiendo así los intereses de los acreedores alimentarios.
📌 Banco del Estado de Chile: Con la mayor multa impuesta, UF 3.684,32 (aproximadamente $135 millones), por 24 créditos otorgados entre abril y mayo de 2023.
📌 Banco Santander: Multado con UF 1.946,84 (alrededor de $75 millones) por 14 operaciones efectuadas entre abril y junio.
📌 Banco Consorcio: Deberá pagar UF 62,78 ($2 millones) por 14 créditos, también entre abril y junio.
📌Banco Ripley: Sancionado con UF 84,28 ($3 millones) por una operación en mayo de 2023.
La CMF enfatiza que las infracciones cometidas por estos bancos tienen consecuencias directas en los acreedores de pensiones de alimentos. La falta de retención implica que los dineros adeudados no se recibieron en el momento oportuno, afectando el bienestar de muchas familias que dependen de estas pensiones para su sustento.
Este evento sirve como un recordatorio crítico a todas las instituciones financieras sobre la importancia de adherirse a las leyes que protegen a los más vulnerables. La sanción de la CMF no solo busca castigar a los infractores, sino también promover un cambio en las prácticas bancarias, asegurando que se cumpla con las obligaciones legales y se protejan los derechos de los individuos y familias afectadas por el abandono y la falta de pago de pensiones alimenticias.
