Pedro Carrasco, director de compras de la Municipalidad de Las Condes, se ha convertido en un nuevo caso de tráfico de influencias. Una investigación de CIPER CHILE reveló un uso extensivo de vehículos de lujo, incluyendo un BMW X5 y un Peugeot 208, propiedad de empresas proveedoras de la municipalidad. Estos autos no forman parte de los vehículos oficiales de la institución pública, levantando dudas sobre los motivos y la ética detrás de su uso personal y familiar.
Entre 2018 y 2022, las cuentas bancarias de Carrasco registraron 204 depósitos en efectivo, sumando un impresionante total de $107,8 millones. Este flujo constante de dinero en efectivo, depositado por caja en distintas sucursales bancarias, plantea preguntas significativas sobre el origen y la legitimidad de estos fondos.
La trama se complica con las transferencias de vehículos desde empresas proveedoras a los hijos de Carrasco. Además, uno de los proveedores admitió facilitar autos para Carrasco, añadiendo que es amigo de su familia. Esta mezcla de negocios municipales y relaciones personales sugiere un potencial conflicto de interés.
En 2018, los muebles de la cocina de Carrasco fueron instalados por otro proveedor municipal, pero la factura se anotó como “Muebles Centro Cultural”. Este tipo de prácticas pone en duda la transparencia y la integridad de las operaciones financieras de Carrasco con los proveedores municipales.
La situación financiera de Carrasco se complica aún más cuando se examinan los depósitos y las transacciones detalladas en sus cuentas bancarias. Los montos y la frecuencia de estos movimientos financieros no parecen estar respaldados por su salario conocido, lo que sugiere la posibilidad de ingresos no declarados o actividades financieras ocultas.
A pesar de las repetidas solicitudes de explicaciones sobre estos asuntos, Carrasco no ha respondido a las llamadas ni ha proporcionado claridad sobre estas preocupantes revelaciones. Su silencio solo añade más incógnitas a esta compleja red de transacciones y relaciones.
En 2022, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), enfrentó un dilema administrativo. Pedro Carrasco, Director de Compras de la municipalidad, fue sumariado por conflicto de interés, pero finalmente fue absuelto. La contratación de María José Cornejo, socia de empresas proveedoras del municipio, para asesorar en licitaciones y presupuestos de la Dirección de Compras, puso a Carrasco en la mira 💸👀.
A pesar de las sospechas y las recomendaciones iniciales del sumario de aplicar sanciones, Peñaloza decidió absolverlo, argumentando que los antecedentes presentados no justificaban las medidas disciplinarias.
La trama se complica al observar que la familia Cornejo ha facturado más de $400 millones al municipio a través de cuatro sociedades. La contratación de Cornejo por $9,2 millones, para asesorar en licitaciones y presupuestos, mientras su familia mantenía relaciones comerciales con el municipio, plantea un claro conflicto de interés. La denuncia anónima que generó el sumario sugiere que Carrasco podría beneficiarse indirectamente de estas contrataciones.
Este caso subraya la necesidad crítica de una mayor transparencia y ética en la gestión pública. Las acciones y decisiones de los funcionarios públicos deben ser claras y abiertas, libres de conflictos de interés y prácticas cuestionables. La confianza en las instituciones públicas depende de la integridad de aquellos que las representan.
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